Manresa es el municipio catalán con más pisos vacíos: un 25% del parque de viviendas (más de 9.000 pisos) no está habitado. Esta localidad es una de las más de 100 ciudades catalanas que ha aprobado una de las mociones impulsadas por los stop desahucios para obligar a los bancos a poner sus pisos vacíos en circulación bajo pena de multa, y con una PAH que ha recuperado dos de estos bloques vacíos (uno de La Caixa y otro, recuperado el 13 de abril, de la Sareb). Berni Sorinas, que participa en esta PAH, cuenta que en el primero de ellos La Caixa ya ha realojado a tres de las cinco familias. Según el relato de este activista, lo que separa a las otras dos familias de un acuerdo en el banco es lo mismo que, según la campaña anti corralas del ayuntamiento de Sevilla y el PSOE andaluz, les convertiría en perfectadas candidatas para un realojo: no cuentan con ningún ingreso y están en situación de exclusión social. Un requisito, según los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla, que sólo cumplían dos de las familias de la Utopía. En el caso de Manresa y La Caixa, el escollo, según Sorinas, son los 50 euros que la entidad pide como alquiler social. “Pero la petición es el 30% de los ingresos familiares, y si esos ingresos son cero, el 30% de cero sigue siendo cero”, argumenta. La experiencia de las PAH y los grupos de vivienda en sus negociaciones de alquiler social con los bancos es que éstos suelen preferir hogares con cierto nivel estable de ingresos, un criterio más cercano al de las políticas públicas de vivienda que lo que puede hacer pensar el aparente escrúpulo de Díaz y el alcalde Zoido por dar prioridad a las «familias en situación de exclusión social».
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